La Provincia de Santo Domingo en estado de alerta

Los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el de Salud Pública intervendrán el vertedero de Duquesa para garantizar la salubridad en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

En un documento firmado por la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, y el ministro Francisco Domínguez Brito, de Medio Ambiente, las autoridades dijeron que tomaron la decisión “en virtud de los problemas sanitarios ocasionados como consecuencia del manejo inadecuado de los residuos sólidos en el vertedero de Duquesa”.

La declaratoria se hace según lo establece el artículo 265 de Estado de Emergencia, plasmado en la Constitución, que indica que esta decisión podrá ser tomada cuando ocurran hechos “que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país, o que constituya calamidad pública”.

Igualmente, la Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su artículo 54, expresa que “sobre la base de los resultados de las inspecciones, dictará las medidas necesarias para corregir las irregularidades encontradas”, y en el artículo 55 establece que “en situaciones de emergencia ambiental Medio Ambiente y el ayuntamiento correspondiente, en coordinación con Salud Pública y organismos afines, establecerá de inmediato las medidas de seguridad aprobadas en beneficio del bien común”.

Mientras que el artículo 46 de la Ley General de Salud 42-01 establece que Salud Pública, Medio Ambiente “y demás instituciones competentes, elaborarán las normas oficiales que regulen la disposición y manejo de desechos sólidos cuyo uso, recolección, tratamiento, depósito, reconversión, industrialización, transporte, almacenamiento, eliminación o disposición final resultaren peligrosos para la salud de la población”.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), una emergencia medioambiental es el resultado de accidentes industriales que corren el riesgo de causar una contaminación importante ya sea por factores naturales, tecnológicos o provocados por el ser humano, o una combinación de estos. Pueden causar graves daños al medio ambiente, así como la pérdida de vidas humanas y bienes.

Conflicto

Desde hace varios meses se han presentado inconvenientes y desacuerdos con Lajún y las alcaldías del Gran Santo Domingo, que han entorpecido el normal desenvolvimiento en la disposición final de los residuos sólidos.

En ese sentido, Domínguez Brito impuso una sanción de 16 millones de pesos a Lajún, que optó por llevar el caso a los tribunales y anunció restricciones en las operaciones del vertedero, lo que recibió el rotundo rechazo de los alcaldes y el ministro, quien declaró que “bajo ninguna circunstancia permitirá que se ponga en riesgo la salud de la población por intereses particulares”.

Entre los considerandos, el documento que declara la emergencia ambiental expresa: “que se ha identificado un potencial riesgo sanitario en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, por la acumulación de residuos sólidos expuestos, la presencia de animales domésticos, vectores, emisión de olores desagradables y quema de residuos, que constituyen focos infecciosos y de contaminación por el rápido proceso de descomposición de los mismos”.

El texto indica, asimismo, que es necesaria la intervención de estos ministerios en la recuperación ambiental y sanitaria del vertedero ubicado en Santo Domingo Norte “a la mayor brevedad posible, adoptando las medidas ambientales y sanitarias correspondientes, puesto que el grado de afectación por residuos sólidos que posee dicho vertedero es bastante alto y puede llegar a convertirse en foco para la propagación de enfermedades diversas y representar un serio problema de salubridad para todo el pueblo dominicano”.

Nuevo horario provoca caos

Lajun anunció el martes pasado que limitaría una vez más el horario de vertido de residuos sólidos en Duquesa y cancelaría los servicios a los municipios Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y al distrito municipal Pantoja.

La empresa administradora del vertedero dijo que el nuevo horario planteado limitaría entre las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde de lunes a viernes.

Ayer, la implementación de este horario provocó una larga fila de camiones y la incomodidad de los conductores a la entrada del vertedero.

Aunque la mayoría de camiones recolectores de basura de los distintos ayuntamientos del Gran Santo Domingo comenzaron a llegar a las cinco de la madrugada, no fue hasta las 10 de la mañana cuando el vertedero abrió sus puertas e inició el servicio.

La larga fila que provocó el retraso permanecía en horas de la tarde, pese a las advertencias del ministro Domínguez Brito, respecto al horario y las restricciones. Fue notoria, asimismo, la ausencia de los militares que Medio Ambiente disponía en ese espacio para garantizar que por el conflicto interno, administrativo o económico, los ciudadanos no se vean afectados por la situación. Aunque Lajún había anunciado la cancelación de los servicios a los mencionados municipios, camioneros aseguraron que la entrada del vertedero no tenía restricciones, y que la lentitud se debía más bien a que dos tractores que son utilizados dentro estaban supuestamente fuera de funcionamiento.

Lajún dice quiere ser la solución

Ayer la empresa Lajún Corporation expresó entre tanto que “busca operar con normalidad y trabajar conjuntamente con la administración pública en una solución definitiva”. A través de un documento de prensa la empresa explicó su inconformidad con los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, debido a que necesitan “un precio justo por tonelada”, pero “actualmente se está cobrando de media USD$2 por tonelada y como indica el consultor internacional del gobierno, son necesarios al menos USD$9 para operar sosteniblemente. También respalda este argumento la Fundación Economía y Desarrollo abogando por USD$11 por tonelada”. Afirmaron que su objetivo sigue siendo mejorar la sostenibilidad de la gestión de los residuos para contribuir al medioambiente y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la zona metropolitana. Señalaron que no pretenden ser un problema.

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